AVOGADOS

Una cliente del estudio al momento de inscribir a su hija por nacer, la Isapre le notificó a través del FUN un aumento cercano al 40% del valor pactado, por concepto de una nueva carga.

Afligida llegó al estudio Arce Lubies & Cia, donde el socio del estudio José Miguel Arce asumió su representación, interponiendo un recurso de protección en contra de la Isapre recurrida por esta alza desproporcionada, arbitraria e ilegal.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la Isapre por incrementar plan de salud de afiliada por incorporación de hija menor de 2 años.

La sentencia sostiene que no cabe sino concluir que el alza del plan de salud de la recurrente vulnera el N° 2 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto discrimina a los menores de dos años de edad, atendida la circunstancia que, al ser incorporados como nuevos beneficiarios del plan de salud de su madre, se considera la contingencia de los riesgos de salud de un modo desproporcionado en sí mismo y carente de justificación, en cuanto a la modalidad de incremento de los cobros por riesgos relativos a contingencias mortales o de alto impacto en la calidad de vida de los menores de edad.

El fallo estima vulnerado el derecho a escoger el sistema de salud de elección de los cotizantes, previsto en el artículo 19 N° 9 de la Constitución, por cuanto el aumento de los costos se realiza considerando variables no objetivas y discriminatorias, que permiten a la Isapre, mediante el precio del plan, escoger unilateralmente a sus cotizantes, sobre la base de una discrecionalidad contractual incompatible con su condición de contrato de orden público, respecto de un derecho constitucional como es la protección de la salud, siendo evidente que este sistema de reajustabilidad tiende a dejar sin la alternativa de elegir el sistema de salud al que se desea pertenecer.

Y finalmente, se estima que el acto materia del recurso vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, en cuanto a que los efectos económicos de no considerar las variables propias de seguridad social del derecho a la salud, dentro del contrato, implica pagar por parte de la requirente un costo variable que no puede precisarse, pero que supera con largueza aquel costo legítimo y razonable propio de estimar un nuevo beneficiario dentro del plan de salud, viéndose dicha actora obligada a desembolsar injustificadamente una suma superior a la que normalmente paga por su plan de salud disminuyendo ciertamente el afiliado en esa proporción su patrimonio.

De esta forma, se acoge el recurso de protección interpuestos contra la Isapre declarándose que para la determinación del precio por la incorporación como carga en su contrato de salud de su hijo, la recurrida deberá abstenerse de multiplicar el precio base del plan por el factor de riesgo previsto en el artículo 199 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005.